La CRC Frena la Promoción de la Consulta Popular de Petro en Espacios Gubernamentales
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) está asestando un golpe a la administración del presidente Gustavo Petro al negar la solicitud del Gobierno para difundir propaganda relacionada con la consulta popular en canales de televisión abierta. Esta decisión, que está generando controversia, se basa en el incumplimiento de la normativa vigente, que regula el uso de espacios institucionales para fines específicos.

¿Qué está pasando con la consulta popular?
El Gobierno de Gustavo Petro está buscando someter a votación popular algunas propuestas de la reforma laboral que previamente se debatieron en el Congreso. Sin embargo, la CRC ha rechazado la solicitud gubernamental, argumentando que el material presentado no se ajusta a las regulaciones establecidas. Según la CRC, estos espacios deben destinarse exclusivamente a informar sobre funciones estatales y promover valores como la educación, la cultura y los derechos humanos. La entidad ha expresado su postura a través de un comunicado oficial en su cuenta de X (antes Twitter).
«Estos espacios deben destinarse exclusivamente a informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de funciones propias de las entidades del Estado, así como para promover la unidad familiar, el civismo, la educación, los derechos humanos, la cultura y, en general, orientados a la divulgación de los fines y principios del Estado», afirmó la CRC en su comunicado (Pulzo, 2025).
La decisión de la CRC ha generado una fuerte reacción por parte del presidente Petro, quien ha denunciado lo que considera un acto de censura. En sus declaraciones, Petro ha señalado que la CRC nunca ha intervenido para protegerlo de la calumnia ni para denunciar a los responsables de masacres y genocidios. Esta controversia está escalando, con acusaciones de censura y defensa de la libertad de expresión en juego.
La Respuesta de la CRC ante las Acusaciones
La CRC se está defendiendo de las acusaciones de censura, afirmando que su función se limita a revisar que los contenidos se ajusten a las normas vigentes. La entidad sostiene que no ejerce control sobre los contenidos emitidos, sino que simplemente verifica que cumplan con los requisitos legales. Además, la CRC ha aclarado que la libertad de expresión prevalece en otros medios distintos a los espacios institucionales.
En respuesta a las críticas, la CRC ha sugerido a la Presidencia dividir los contenidos para tramitar por separado la invitación a marchar y la socialización de la consulta popular ante el Senado. Esta propuesta busca facilitar el cumplimiento de las regulaciones y evitar posibles conflictos con la normativa vigente.
Implicaciones y Contexto Político
Esta controversia está surgiendo en un momento clave para la agenda política del presidente Petro. La consulta popular sobre la reforma laboral es una de sus principales apuestas, y la negativa de la CRC para promocionarla en espacios gubernamentales representa un obstáculo significativo. La situación se está complicando aún más por las acusaciones de censura y las tensiones entre el Gobierno y la CRC.
Es importante señalar que la reforma laboral es un tema que ha generado un intenso debate en Colombia. Mientras que algunos sectores consideran que es necesaria para mejorar las condiciones laborales, otros temen que pueda afectar la competitividad del país. La consulta popular se presenta como una vía para que los ciudadanos expresen su opinión sobre esta importante reforma.
¿Qué sigue?
La situación está generando incertidumbre sobre el futuro de la consulta popular. A pesar del revés sufrido por la negativa de la CRC, el Gobierno de Petro podría explorar otras vías para promocionar su propuesta. Sin embargo, es probable que la controversia continúe y que la tensión entre el Gobierno y la CRC se mantenga en los próximos días.
- Análisis de la normativa: Se espera un análisis exhaustivo de la normativa vigente para determinar si la decisión de la CRC se ajusta a la ley.
- Acciones legales: No se descartan acciones legales por parte del Gobierno para impugnar la decisión de la CRC.
- Debate público: Se prevé un intenso debate público sobre la libertad de expresión y el papel de las instituciones en la promoción de políticas gubernamentales.
En conclusión, la prohibición de la CRC para que el Gobierno Petro promocione la consulta popular en espacios institucionales está generando una fuerte controversia y plantea interrogantes sobre el futuro de la reforma laboral y la relación entre el Gobierno y los organismos reguladores. La situación está en desarrollo y se espera que continúe generando noticias en los próximos días, según información de Redacción Nación (Pulzo, 2025).