En un giro reciente en el caso que involucra los gastos en centros de Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid, la jueza a cargo de la instrucción ha denegado la solicitud del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para personarse como acusación particular. Esta decisión, comunicada el 4 de marzo, representa un revés en la estrategia legal que la presidenta había anunciado previamente en la Asamblea de Madrid, justo antes de que tres investigados clave rindan su declaración. Entre los investigados se encuentra Alfonso Mateos, quien hasta febrero de 2024 ocupó el cargo de subdirector general de Centros de Formación Profesional del Ejecutivo regional, junto con otros dos funcionarios.
Antecedentes y la postura del Gobierno de Ayuso
Según informa Juan José Mateo («La jueza rechaza la personación del Gobierno de Ayuso en el caso que investiga sus gastos en centros de FP», 2025), la decisión judicial se produce en medio de una investigación sobre el presunto fraccionamiento ilegal de contratos por valor de más de tres millones de euros. Estos contratos menores, supuestamente otorgados a dedo para la reforma de una docena de centros educativos, están bajo la lupa de la justicia.
La presidenta Ayuso, en una intervención en el Parlamento regional el 13 de febrero, defendió las decisiones de su Gobierno, admitiendo que podrían haber existido irregularidades en la construcción de algunos centros. «Hemos acudido a la Fiscalía para investigar irregularidades detectadas en la construcción de unos centros, al haberse, puede haber sido así, fraccionado contratos», declaró Ayuso, según el reporte de *El País* (Mateo, 2025). Además, anunció la intención de su Gobierno de personarse como acusación particular una vez que la instrucción lo permitiera, buscando, según sus palabras, transparencia y justicia en el proceso.
Implicaciones y posibles conflictos de interés
La jueza, sin embargo, ha considerado que la Comunidad de Madrid, como institución, y algunos de sus funcionarios, están directamente implicados en la investigación. Esto se refiere a una etapa en la que Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea, era consejero de Educación, y Rocío Albert, actual titular de Economía, Hacienda y Empleo, era su viceconsejera. Esta situación plantea un claro conflicto de interés que podría haber influido en la decisión de la jueza de rechazar la personación de la Administración regional como acusación particular.
La investigación en curso y las posibles irregularidades
La investigación, en la que están personados Podemos, PSOE, Más Madrid y el sindicato CC OO, ha revelado posibles irregularidades en la gestión de fondos destinados a la reforma de centros educativos. La Fiscalía ha descrito «una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva» basada en la «grosera y palmaria omisión del procedimiento» aplicado por la consejería de Educación para la puesta en marcha de enseñanzas extraordinarias de la rama sanitaria y la adaptación de centros educativos en 2021, 2022 y 2023.
- En lugar de convocar concursos públicos, las reformas se habrían fragmentado en contratos menores otorgados a dedo, principalmente al grupo Virelec.
- Un informe de la Fiscalía destaca que las obras se realizaron «sin guardar las formalidades legales en materia de contratación pública», permitiendo su «realización encubierta, camuflada por diferentes pagos fraccionados».
- El dinero utilizado provenía de partidas presupuestarias destinadas a gastos extraordinarios de los centros, utilizándose las cuentas de los centros educativos como cuentas de intermediación.
La conexión con el Grupo Virelec
Durante la investigación, Alfonso Mateos reconoció conocer al empresario al frente del grupo Virelec desde antes de ocupar su alto cargo. Esta relación, que se mantuvo «por cuestiones personales», ha levantado sospechas sobre posibles regalos o dádivas para que el empresario obtuviera los contratos. Sin embargo, fuentes cercanas al empresario niegan cualquier tráfico de influencias, asegurando que el gasto por estas obras ha sido mayor que el ingreso.
La Fiscalía ha dividido sus pesquisas en tres bloques, cada uno en diferente fase de investigación y constatación, pero todos relacionados con «posibles irregularidades» y empresas vinculadas a Virelec. El primer bloque se centra en la denuncia original sobre el centro educativo ciudad escolar de San Fernando, donde la Intervención General de la Comunidad de Madrid ya ha constatado irregularidades en obras presupuestadas por 2.417.720,5 euros, de los cuales se cobraron 1.281.392,87 euros. Según la Intervención regional, estas obras fueron encargadas «de forma verbal, y sin que consten documentos de formal licitación, publicidad, adjudicación, control ni formalización» (Mateo, 2025).
Próximos pasos y posibles escenarios
Ante la decisión de la jueza, la Comunidad de Madrid tiene derecho a recurrir. Un portavoz ha declarado que «estudiaremos el auto y lo recurriremos». La resolución de este caso y las declaraciones de los investigados serán cruciales para determinar el alcance de las irregularidades y las posibles responsabilidades penales. La sociedad madrileña observa atentamente el desarrollo de estos acontecimientos, esperando que se haga justicia y se aclaren las dudas sobre la gestión de los fondos públicos destinados a la educación.
Referencias
Mateo, J. J. (2025, 10 de marzo). La jueza rechaza la personación del Gobierno de Ayuso en el caso que investiga sus gastos en centros de FP. *El País*. Recuperado de https://elpais.com/espana/madrid/2025-03-10/la-jueza-rechaza-la-personacion-del-gobierno-de-ayuso-en-el-caso-que-investiga-sus-gastos-en-centros-de-fp.html
