El hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, Francis Puig, y su socio, Juan Enrique Adell Bover, se enfrentan a un posible juicio por estafa y falsedad documental, según ha dictaminado el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia.
Indicios de delito
La investigación, que se inició a raíz de una querella presentada por el Partido Popular, apunta a que ambos empresarios pudieron cobrar irregularmente ayudas de la Generalitat entre 2015 y 2018. El juzgado considera que hay indicios de que utilizaron facturas falsas, sociedades instrumentales y domicilios ficticios para obtener subvenciones para las empresas Comunicacions dels Ports S. A. y Canal Maestrat S.L.
Descartado el fraude de subvenciones
No obstante, el juez descarta el delito de fraude de subvenciones, ya que la cantidad supuestamente defraudada (67.500 euros) no supera los 120.000 euros requeridos para este tipo penal.
Posible juicio oral
El juzgado ha dado un plazo de diez días al fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten el sobreseimiento de la causa o la apertura de juicio oral. El auto no es firme y puede ser recurrido.
Defensa de la inocencia
Francis Puig ha negado los cargos y ha defendido su inocencia. Su abogado, Javier Falomir, ha calificado el procedimiento de "desafortunado" y ha pedido el archivo de las actuaciones.
Información extraída
Autor: Joaquín Gil
Medio de comunicación: El País
Fecha de publicación: 31 de enero de 2023
Enlace: El juez abre la puerta a juzgar por estafa y falsedad al hermano de Ximo Puig
Citas textuales
“La resolución judicial detalla los indicios que apuntan al uso por parte de los investigados de facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades no relacionadas con las subvenciones”, indican fuentes jurídicas.
“Se trata de un procedimiento desafortunado basado en datos erróneos”, ha declarado el abogado de Francis Puig, Javier Falomir.
Análisis y contexto
Este caso pone de manifiesto la preocupación por la posible corrupción en la gestión de subvenciones públicas. La investigación judicial busca determinar si los acusados utilizaron medios fraudulentos para obtener ayudas económicas de la Generalitat Valenciana.
