La política española está experimentando una nueva tormenta tras la decisión del Gobierno de rescindir el contrato de compra de balas a Israel, valorado en más de 6 millones de euros. Este viernes, el Partido Popular (PP) ha anunciado su intención de llevar el caso ante el Tribunal de Cuentas, intensificando la presión sobre el ejecutivo de Pedro Sánchez. El PP está acusando al gobierno de coalición de tomar una decisión arbitraria y está prometiendo una supervisión exhaustiva de cada paso dado en esta resolución.
El PP Contraataca: Denuncia Ante el Tribunal de Cuentas
Según fuentes de Génova, recogidas por Virginia Martínez y Paula Chouza (2025), el PP está decidido a «controlar todos los pasos que se den en esta arbitraria resolución» y a «activar la exigencia de responsabilidades en todos los ámbitos». Esta acción sigue la línea marcada por Alberto Núñez Feijóo, líder de los conservadores, quien insiste en la necesidad de mantener el contrato de munición con Israel, argumentando que «El Estado debe cumplir».
La Respuesta del Gobierno y la Defensa de Yolanda Díaz
La decisión de rescindir el contrato se produce después de que Pedro Sánchez desautorizara públicamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un intento de apaciguar a su socio de coalición, Sumar, y de reafirmar su postura crítica hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu en el contexto de la guerra de Gaza. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, ha defendido la actuación del Gobierno, argumentando en una entrevista en RNE que están «respetando la legalidad internacional y vinculándose a los tratados internacionales de armas» (Martínez & Chouza, 2025). Díaz también ha señalado que, aunque los contratos deben ser cumplidos, existen «causas de nulidad» que justifican la rescisión, añadiendo que la decisión está «amparada por la legalidad, con todos los informes preceptivos».
Implicaciones Financieras y Críticas
A pesar de la defensa de Díaz, el PP está criticando que, tras la rescisión unilateral, el Gobierno tendrá que abonar el importe de la compra sin recibir nada a cambio. Según el PP, esto podría resultar en «una responsabilidad contable por menoscabo de los caudales públicos con incumplimiento de las normas presupuestarias». Cuca Gamarra, secretaria general del partido, ha calificado la situación como «un claro ejemplo de abuso de poder en una adjudicación publicada en el BOE» (Martínez & Chouza, 2025).
Reacciones en el Congreso y Divisiones Internas
El PP no está solo en su crítica. ERC, EH Bildu y BNG también han presentado una solicitud de comparecencia conjunta en el Congreso, denunciando «el incumplimiento de los compromisos adquiridos para finalizar toda transacción de material militar frente al ataque y genocidio perpetrado contra el pueblo palestino» (Martínez & Chouza, 2025). Mientras tanto, Pedro Sánchez ha optado por mantener a Grande-Marlaska en su puesto, a pesar de haberlo desautorizado, en un esfuerzo por preservar la estabilidad de la coalición.
Tensiones Internas y Enfado Presidencial
Fuentes internas del Gobierno, según informan Martínez y Chouza (2025), revelan el «gran enfado» de Sánchez con Marlaska y su equipo al descubrir que el contrato se había mantenido y publicado en Viernes Santo, en un intento fallido de ocultar la noticia. Esta crisis ha debilitado la posición de La Moncloa frente a la oposición, y el PP está prometiendo seguir presionando en este asunto. El PP está insistiendo en que la rescisión del contrato es «una muestra más del abuso de poder que practica Sánchez» (Martínez & Chouza, 2025).
La Guardia Civil Expresa su Preocupación
La polémica no se limita al ámbito político. En el seno de la Guardia Civil también están surgiendo críticas. La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha expresado su «profunda preocupación» por el impacto operativo y en la formación en tiro de los agentes. Daniel Fernández, portavoz nacional de IGC, ha advertido que «el problema no es solo la munición que no llegará, sino lo que nos costará su ausencia», subrayando que los 6 millones de euros gastados «saldrán de los medios asignados a los guardias civiles» (López-Fonseca, 2025).
¿Qué sigue?
La situación sigue evolucionando y promete generar más controversia en las próximas semanas. El PP está decidido a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, mientras que el Gobierno intenta mantener la cohesión interna y defender su decisión en el ámbito internacional. La estabilidad política en España está siendo puesta a prueba, y el resultado de esta confrontación es incierto.
Referencias
- Martínez, V., & Chouza, P. (2025, 25 de abril). El PP denunciará ante el Tribunal de Cuentas la rescisión del contrato de armas con Israel. El País.
- López-Fonseca, O. (2025, 25 de abril). Críticas en la Guardia Civil por la rescisión del contrato de armas con Israel. El País.
