Ayuntamientos catalanes enfrentan desafíos legales por el empadronamiento de ocupantes

En Cataluña, la cuestión del empadronamiento de personas que ocupan viviendas está generando controversia y llevando a varios ayuntamientos a los tribunales. La obligación de registrar a todos los residentes, independientemente de su título de propiedad, está siendo desafiada por municipios que argumentan que no se deben otorgar derechos a quienes cometen un delito. Esta situación está poniendo a prueba la interpretación de la ley y generando un debate sobre el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y los servicios sociales.

Martorell y Lleida: Dos casos en el punto de mira

Dos de los municipios que están en el centro de esta polémica son Martorell y Lleida. Según Jesús García Bueno (2024) de El País, Martorell, liderado por el alcalde Xavier Fonollosa de Junts per Catalunya, se niega rotundamente a empadronar a ocupantes, argumentando que «no podemos dar derechos a quien comete un delito». Esta postura ha llevado a seis vecinos que ocupan viviendas a presentar un recurso ante los juzgados contencioso-administrativos, con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Por otro lado, Lleida, gobernada por Fèlix Larrosa del PSC, asegura que cumple con la ley, pero establece ciertos procedimientos que son vistos como trabas. Esther Sancho, la abogada que representa a los demandantes, explica que el ayuntamiento inicialmente impuso una audiencia previa con el propietario de la vivienda antes de decidir sobre el empadronamiento. Aunque esta medida fue suavizada, aún se mantiene la consulta al propietario, lo que genera controversia.

El derecho al empadronamiento: Un debate fundamental

La abogada Esther Sancho subraya que el padrón es un derecho fundamental que da acceso a otros derechos esenciales. «La ley es muy clara al respecto. El padrón es un censo y el ayuntamiento tiene la obligación de tener una foto fidedigna de la gente que reside en el municipio. Además, es un metaderecho, es la puerta de entrada a la obtención de otros derechos como la educación o la salud», afirma Sancho (García Bueno, 2024).

En 2015, el Consejo de Empadronamiento ya había establecido que todos los que acrediten vivir habitualmente en un municipio deben tener acceso al padrón, independientemente de su título jurídico. Este organismo aclaró que la inscripción en el padrón no implica un reconocimiento de la titularidad del inmueble ni evita las consecuencias de un posible delito de usurpación.

Precedentes y la postura de otros municipios

Existen precedentes que respaldan el derecho al empadronamiento. En 2020, el Ayuntamiento de Premià de Mar intentó restringir el acceso al padrón a personas con título de propiedad o contrato de alquiler, pero un juez de Barcelona anuló esta medida, argumentando que el único requisito es la residencia en el municipio.

Según un estudio de 2024 de las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), Martorell y Lleida forman parte de una lista de nueve municipios catalanes que dificultan el empadronamiento de ocupantes. Otros municipios mencionados en el informe son Balaguer, Calafell, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Mataró y Tremp, gobernados principalmente por el PSC, y Llagostera, gobernada por Junts. Sin embargo, estos ayuntamientos niegan estar incumpliendo la normativa y aseguran que cumplen con la ley.

Buscando un consenso político

Ante esta situación, la Xarxa d’Entitats pel Padró está buscando un consenso político para evitar que los ayuntamientos obstaculicen el empadronamiento. La plataforma se ha reunido con varios partidos catalanes para que el Parlament se pronuncie al respecto y garantice el acceso al padrón en todos los frentes. Esquerra Republicana ha propuesto incluso multar a los municipios que incumplan sus obligaciones.

¿Qué está pasando actualmente?

Mientras tanto, las demandas contra los ayuntamientos de Martorell y Lleida están avanzando en los tribunales. La decisión de los jueces será crucial para determinar si estos municipios están cumpliendo con la ley y si están garantizando el derecho al empadronamiento de todos sus residentes. La polémica continúa, y la cuestión del empadronamiento de ocupantes sigue siendo un tema candente en Cataluña, generando un profundo debate sobre la vivienda, los derechos sociales y la legalidad.

Implicaciones futuras

El resultado de estas acciones legales en curso podría tener implicaciones significativas para la forma en que los ayuntamientos abordan el tema del empadronamiento. Si los tribunales fallan a favor de los demandantes, podría establecerse un precedente legal que obligue a todos los municipios a cumplir estrictamente con la normativa sobre el empadronamiento, independientemente de la situación de ocupación de la vivienda. Esto podría resultar en un mayor acceso a servicios básicos para personas que actualmente están en situación irregular, pero también podría generar tensiones con los propietarios y la comunidad en general.

Por otro lado, si los tribunales respaldan a los ayuntamientos, podría abrirse la puerta a una mayor discrecionalidad en la aplicación de la ley de empadronamiento, lo que podría resultar en una mayor exclusión de personas en situación de vulnerabilidad. En cualquier caso, está claro que este tema seguirá siendo objeto de debate y litigio en los próximos años.