El Gobierno de Ayuso se planta ante la ministra de Juventud por la reubicación de menores migrantes
La controversia en torno a la reubicación de menores migrantes no acompañados en España está escalando, con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, desafiando abiertamente las políticas del Gobierno central. La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, está exigiendo a la ministra de Juventud, Sira Rego, que suspenda la reunión convocada para coordinar el traslado de estos menores desde Canarias y Ceuta, territorios que se encuentran bajo una fuerte presión migratoria. La situación está generando un intenso debate político y legal sobre las competencias y responsabilidades de cada administración en la protección de los derechos de los menores.
La postura de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid está argumentando que la convocatoria a la reunión del próximo lunes, destinada a poner en marcha las reubicaciones, es «ilegal» y que el Gobierno central está tratando a las comunidades autónomas como «súbditos». Dávila, en una carta dirigida a la ministra Rego a la que ha tenido acceso El País (Martín, 2024), advierte que, de no cancelarse la cita, la Comunidad de Madrid se verá obligada a emprender acciones legales. La consejera está manifestando su desacuerdo con la forma en que el Gobierno central está gestionando este proceso, alegando falta de consulta y diálogo con las comunidades autónomas, quienes son las que tienen la competencia de proteger los derechos de los menores.
Un plan de reubicación en el centro de la polémica
El plan del Gobierno central busca aliviar la presión migratoria en Canarias y Ceuta mediante la reubicación de menores migrantes en otras comunidades autónomas. La reunión del lunes es un paso fundamental para coordinar este proceso, que se prevé que comience en julio. La ministra Rego buscará el apoyo unánime de las comunidades para establecer criterios claros, como la declaración de «contingencia migratoria» cuando una región tenga su red de acogida al triple de su capacidad, lo que permitiría activar un plan de traslados para aliviar la presión sobre el sistema. Sin embargo, la resistencia de la Comunidad de Madrid, y también de otras como Aragón, está complicando la implementación del plan.
Aragón se suma a la rebelión
La Comunidad de Aragón, también gobernada por el Partido Popular, se está sumando a la rebelión contra el plan del Gobierno central. Se han negado a entregar los datos solicitados por el ministerio para calcular su capacidad de acogida, lo que dificulta la planificación de la reubicación. Esta postura está reflejando la creciente tensión entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas en materia migratoria.
«Una vuelta de tuerca a las comunidades autónomas»
Dávila está calificando la convocatoria de la Conferencia Sectorial como «una nueva vuelta de tuerca a las comunidades autónomas» y está denunciando una «actuación desleal» por parte del Gobierno central. Considera que la reunión del lunes está «viciada de nulidad» y es «un paso más» en una «cadena de irregularidades» que el Gobierno está llevando a cabo desde la elaboración del decreto ley que regula la acogida de menores migrantes no acompañados (Martín, 2024). La consejera está criticando que la reforma legal no fue consultada ni informada a las comunidades autónomas.
El mandato del Tribunal Supremo en el punto de mira
La consejera también está acusando al Gobierno de incumplir un mandato del Tribunal Supremo al negarse a atender a 1.000 menores solicitantes de asilo. «El Gobierno de España está incumpliendo un mandato del Tribunal Supremo al negarse a atender a los 1.000 menores solicitantes de asilo, cuya asistencia ha sido expresamente ordenada por dicho tribunal», está afirmando Dávila (Martín, 2024). Si bien el Gobierno aún no ha incumplido formalmente el mandato, su postura contraria a esta solución, alegando falta de preparación de sus centros de acogida para niños, está generando fuertes críticas.
Implicaciones y perspectivas futuras
La confrontación entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid por la reubicación de menores migrantes está poniendo de manifiesto las profundas diferencias políticas y de enfoque en materia migratoria. La falta de diálogo y consenso entre las administraciones está dificultando la búsqueda de soluciones eficaces y coordinadas para proteger los derechos de estos menores, que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Habrá que estar atentos a la evolución de los acontecimientos y a las acciones legales que pueda emprender la Comunidad de Madrid, así como a la capacidad del Gobierno central para lograr el apoyo de otras comunidades autónomas a su plan de reubicación.
Referencias
- Martín, M. (2024, 25 de abril). El Gobierno de Ayuso se rebela contra la ministra de Juventud por el traslado de menores migrantes: “Nos trata como súbditos”. El País. https://elpais.com/espana/2025-04-25/el-gobierno-de-ayuso-se-rebela-contra-la-ministra-de-juventud-por-el-traslado-de-menores-migrantes-nos-trata-como-subditos.html
