Familiares de víctimas en residencias de Madrid siguen exigiendo justicia tras cinco años del protocolo inicial
Cinco años después de la implementación del primer «protocolo de la vergüenza», familiares de personas fallecidas en residencias de mayores durante la pandemia en Madrid se están manifestando frente al Tribunal Supremo. Según Daniela Gutiérrez de El País, seis asociaciones de afectados están reclamando justicia por la gestión de la crisis sanitaria, prometiendo continuar las protestas cada 18 de marzo hasta que sus demandas sean escuchadas.
Un recuerdo imborrable
Las asociaciones Pladigmare, Verdad y Justicia, Ni un paso atrás, UDP Madrid, junto con los sindicatos CC OO Madrid y UGT Madrid, están uniendo fuerzas para mantener viva la memoria de las víctimas. Este miércoles, 18 de marzo, marca el quinto aniversario de la aplicación del protocolo que impidió el traslado de residentes a hospitales, una medida que consideran discriminatoria y que resultó en numerosas muertes evitables.
Los manifestantes están simbolizando su dolor y frustración colocando sillas de ruedas con pantuflas frente al Tribunal Supremo, representando a aquellos que ya no están. «Han pasado 5 años y las autoridades y las fiscalías han incumplido sus obligaciones de investigar de forma exhaustiva la vulneración de los derechos de las personas mayores residentes. Seguiremos luchando por saber la verdad, que se haga justicia y que se asuman todo tipo de responsabilidades», expresó un familiar de una víctima de Torrejón de Ardoz, miembro de la asociación Verdad y Justicia.
La lucha contra la prescripción
El 18 de marzo es una fecha crítica, ya que las primeras muertes están comenzando a prescribir si no se judicializan. Los familiares están buscando que el gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, sea responsabilizado por las muertes ocurridas entre marzo y abril de 2020, calificadas como resultado de los «protocolos de la vergüenza». Hasta el momento, sus intentos legales no están prosperando, aunque la Fiscalía de Madrid ha presentado denuncias por denegación de un servicio público por motivos discriminatorios, buscando un mejor resultado.
Condiciones actuales en las residencias
En medio de la controversia por el quinto aniversario, la emisión del documental *7.291* en La2 de TVE y los esfuerzos de la Comunidad de Madrid por minimizar los hechos, las asociaciones están insistiendo en que las condiciones en las residencias no han mejorado significativamente. La falta de personal, la escasez de materiales y los altos ratios de pacientes por cuidador siguen siendo problemas persistentes, especialmente en las residencias privadas.
Una veintena de organizaciones están pidiendo a la presidenta regional que las 40 nuevas residencias prometidas para 2030 sean de gestión pública y cumplan con los estándares recomendados de personal e inversión.
El testimonio de los trabajadores
Trabajadoras de residencias también se están uniendo a la protesta, compartiendo sus experiencias durante los primeros meses de la pandemia. Mar Jiménez, empleada de una residencia en Madrid, describió su «mucha impotencia» durante ese tiempo. «No podíamos asistirlos como ellos necesitaban, se nos morían entre las manos porque no teníamos medios para poder ayudarlos, para poder ver realmente si lo que tenían era Covid, porque algunos a lo mejor ni siquiera tenían Covid», explicó.
Carmen Troya, otra trabajadora, relató la muerte de 17 personas en su residencia en marzo de 2020 y otras 26 en abril. «Trabajamos sin descanso, con medios insuficientes, con el corazón en un puño y la esperanza de que todo pasara pronto», añadió.
La concentración está terminando con consignas como «7.291», «Ayuso dimisión» y reclamos de justicia. Los asistentes están colocando flores blancas sobre las sillas de ruedas vacías, rindiendo homenaje a sus seres queridos fallecidos.
La lucha por la justicia y la memoria de las víctimas de las residencias de Madrid continúa, con los familiares y trabajadores prometiendo no rendirse hasta que se haga justicia y se mejoren las condiciones en estos centros. Este acto frente al Tribunal Supremo no solo está buscando respuestas por el pasado, sino también garantizando un futuro más seguro y digno para los residentes de la tercera edad.
