Senado mexicano investiga a candidatos judiciales por supuestos vínculos con el narcotráfico
El Senado de México se encuentra en medio de una controversia preelectoral al detectar a aproximadamente 20 candidatos a jueces que presuntamente tienen vínculos con el crimen organizado. Según declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, se está preparando una impugnación para intentar revocar estas candidaturas antes de que se lleve a cabo la elección judicial. El objetivo principal es asegurar la integridad del proceso y evitar que personas con posibles conexiones con el narcotráfico accedan a cargos judiciales clave.
Antecedentes y la postura del Senado
De acuerdo con información de El Financiero (2025), Fernández Noroña adelantó que tras los fallos detectados, presentarán una impugnación contra los candidatos con supuestos nexos con el narco. La preocupación principal del Senado radica en la posibilidad de que estos jueces, en caso de ser electos, puedan favorecer a organizaciones criminales y obstaculizar la impartición de justicia.
Controversia con el INE
Existe una discrepancia entre el Senado y el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el momento oportuno para actuar. Mientras que el INE considera necesario esperar los resultados de la elección judicial para retirar las candidaturas de los juristas sospechosos, el Senado, según Fernández Noroña, prefiere actuar de inmediato. «No hay motivo para esperar y es preferible ‘tumbar’ las candidaturas de aquellos perfiles antes de que se celebre la jornada electoral», señaló el senador.
Argumentos del Senado para la impugnación
El argumento principal del Senado se centra en la idoneidad de los candidatos. Fernández Noroña explicó que la decisión de impugnar no es un capricho, sino una medida necesaria para garantizar la integridad del sistema judicial. «Si se nos fue alguno se corrige, ese es el debate con el INE. El INE dice, ya que se haya hecho la elección, nosotros decimos pero para qué nos esperamos si ya sabemos que hay personas que no son idóneas, retirémoslas», argumentó Fernández Noroña.
Además, se refirió a casos específicos de candidatos que, en su opinión, no deberían ser elegibles. «Comenté con el presidente de la Junta de Coordinación Política y nosotros si vamos a impugnar las personas que tenemos ubicadas que desde nuestro punto de vista no son idóneas, no es un asunto de capricho a de veto sino que fue defensor público de narcos, entonces no debe, igual manera alguna persona juzgadora que haya actuado de forma sistemática liberando narcos con amparos», comentó Fernández Noroña, citado por El Financiero (2025).
Posibles consecuencias y el debate sobre la elegibilidad
A pesar de que los nombres de los candidatos impugnados podrían seguir apareciendo en las boletas, el Senado busca que sean declarados no elegibles. «El argumento de que ya está la boleta y ya está el nombre, (entonces) la candidatura no se puede retirar. No, la candidatura claro que se puede retirar, el nombre ahí quedará, pero ya no es elegible. Entonces si estamos en tiempo de corregir», afirmó Fernández Noroña.
Reacciones y posibles sanciones
Fernández Noroña también abordó la posibilidad de que los miembros de los Comités de Evaluación enfrenten sanciones por no haber detectado a tiempo los posibles nexos de los candidatos con el crimen organizado. Sin embargo, minimizó esta posibilidad, argumentando que la cantidad de trabajo que recibieron y el hecho de que no hayan recibido remuneración justifican cualquier error que puedan haber cometido.
«Sí, vamos a hacerle juicio político a los 500 diputados y las 128 senadores. ¿Cómo es posible que no hayan visto? No, a ver el Comité procesa, claro que puede tener un error, es bien bonito desde la comodidad de andar de chingaquedito ‘es que hicieron mal’. Hay que bajarle poquito el número de candidaturas de aspirantes que recibieron, el trabajo que realizaron, un trabajo honorifico y ahora además los vamos a sancionar. No, me parece que no hubo mala fe en ningún caso», concluyó Fernández Noroña.
Implicaciones para el proceso electoral
La situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la legitimidad del proceso electoral en curso. La intervención del Senado busca garantizar que el poder judicial no sea infiltrado por elementos ligados al crimen organizado, pero también genera un debate sobre los límites de la intervención política en los procesos judiciales. La resolución de esta controversia tendrá un impacto significativo en la confianza pública en las instituciones y en el futuro de la justicia en México.
- Transparencia: La necesidad de asegurar procesos transparentes y verificables.
- Legitimidad: La importancia de mantener la confianza pública en las instituciones.
- Independencia Judicial: El desafío de equilibrar la supervisión política con la autonomía judicial.
El desenlace de esta controversia está siendo seguido de cerca por la opinión pública y los actores políticos, conscientes de las implicaciones que tendrá para el futuro del sistema judicial mexicano.
